El planteo que se impone en la agenda mundial a propósito de los impuestos
OPINIÓN CONSULTOR TRIBUTARIO / CARLOS LOAIZA
Como comentamos en este mismo número, las grandes multinacionales estadounidenses, encabezadas por la marca de la manzana mordida, Apple, le están reclamando a los candidatos que corren por la presidencia de Estados Unidos por un tratamiento fiscal justo para sus rentas. Consideran que la tributación del 35% resulta excesiva y acumulan ya más de 1,68 billones de dólares en el exterior sin repatriar.
Ahora, tanto Trump como Clinton proponen fórmulas distintas. La de Trump, sin demasiado fundamento, es ofrecer una reducción ostensible en la tasa de impuesto a la renta empresarial, llevándolo al 15%. La de Clinton, en cambio, es seguir la línea del proyecto FATCA de EE.UU. y BEPS de la OCDE, buscando evitar que las multinacionales se aprovechen mediante planificación fiscal sofisticada de los “loopholes” o huecos que los sistemas fiscales nacionales y la red de convenios internacionales ofrecen para reducir la carga fiscal que se considera adecuada.
Detrás de todo esto se esconde un planteamiento filosófico profundo que se impone en la agenda mundial a propósito de los impuestos. Y esa discusión no está nada lejos. Nuestro propio país está implementando ahora mismo un nuevo sistema de intercambio automático de información tributaria, que modifica seriamente el secreto bancario, e introduciendo un número considerable de normas que se enmarcan dentro del proyecto BEPS y que penalizan a los territorios opacos y de baja tributación. Por ello, agradecemos la contribución de nuestro querido amigo y experto, Pablo Ordóñez, acerca de este desafiante y complejo proyecto.
Mientras tanto, en la otra orilla del Río de la Plata, el Gobierno de Mauricio Macri ajusta detalles para lograr lo que se espera sea el blanqueo más exitoso de capitales de los últimos tiempos, que le permitirá dinamizar una economía aún alicaída. ¿Debería acaso el Uruguay plantearse un camino similar, en puertas de implementar el intercambio automático con más de 50 naciones?
El “Trending Topic” de la fiscalidad internacional
Por Pablo Ordóñez T. – Socio de Ferrere Bolivia
La fiscalidad y particularmente la fiscalidad internacional son disciplinas caracterizadas por un gran dinamismo que fue acentuado durante los últimos años por distintos factores, entre ellos, las interpelaciones de ciertos países a la forma de operar de algunas empresas multinacionales; por las filtraciones de información financiera de bancos europeos y más recientemente, por los denominados “Panama Papers”. Estos acontecimientos, entre otros, han colocado los debates de fiscalidad internacional en las portadas de los periódicos de todo el mundo con un común denominador, los cuestionamientos sobre la justicia del sistema fiscal internacional. Las acciones políticas y técnicas adoptadas para resolver el problema, muestran una nueva corriente de discusión (un trending topic) que se posiciona en el centro del debate de fiscalidad y que apunta a quedarse por un tiempo prolongado.
La salida de capitales de sus fronteras buscando generar mayores rentas, condujo a los estados a la necesidad de firmar convenios para para evitar la doble imposición. Estos convenios, al haber quedado a la voluntad negociadora de las países, dejaron abiertas oportunidades para el arbitraje en la aplicación normativa entre jurisdicciones lo que, en algunos casos, generó alternativas de ahorro fiscal. Es así, que durante las últimas crisis económicas sufridas por Estados Unidos y Europa, caracterizadas por la caída recaudatoria de sus fiscos, algunos líderes políticos posicionaron a nivel público la discusión sobre las jurisdicciones “off shore” y de denominadas “shell companies”. Esto a su vez, devino en que el grupo de países del G20 instruyera a la OCDE la redacción del conocido Plan de Acción BEPS (Base Erosion and Profit Shifting).
El Plan de Acción BEPS cuyo objetivo es evitar la erosión de bases imponibles y el traslado de beneficios entre jurisdicciones, contiene 15 propuestas de acción de las que a efectos de este artículo destaco las siguientes: Acción 13 destinada a reexaminar la documentación sobre precios de transferencia; Acción 8 sobre intangibles; Acción 9 sobre riesgos y capital y; Acción 10 sobre otras transacciones de alto riesgo. Todas estas acciones, tienen un gran común denominador, que es garantizar, a través del mecanismo de los precios de transferencia, que las rentas se localicen en la jurisdicción de residencia del sujeto que las obtuvo para que en última instancia, sea allí donde tributen.
Una reciente encuesta realizada por International Tax Review en asociación con Thomson Reuters entre profesionales que conforman departamentos fiscales de compañías, revela que a criterio del 83% de los encuestados, la Acción 13 del Plan de Acción BEPS sobre precios de transferencia y las nuevas obligaciones de declaración de la información país por país (Country by Country reporting) es la que mayor impacto ha provocado en los departamentos fiscales de las empresas.
En relación a los cambios que producirá la implementación del Plan de Acción BEPS en las empresas, el 56% de los encuestados entiende que el Plan, los llevará a revisar la cadena de valor del negocio así como los componentes esenciales que generan beneficio, el 51% de los encuestados entiende que sus empresas deberán implementar cambios en la política de precios de transferencia y mientras que el 48% entiende que las empresas deberán implementar cambios en sus acuerdos intercompany.
La fuerza y recursos que la OCDE está invirtiendo en la implementación del Plan de Acción BEPS, sumados a los resultados de las encuestas de International Tax Review, sugieren que estamos ante una nueva tendencia de discusión en materia fiscalidad internacional en la que los precios de transferencia son el eje central. Esta discusión, pone en evidencia que estamos en una fase muy avanzada de la consolidación del sistema fiscal internacional el que después de haber discutido durante años sobre su estructura (discusión fuente – residencia) y haber superado discusiones sobre su implementación (proliferación de convenios para evitar la doble imposición) ahora, busca su perfeccionamiento a través de la discusión de uno de sus elementos que son los precios de transferencia.
Esta nueva tendencia, que implica una nueva realidad impone un reto muy importante, puesto que obliga a casas de estudios, fiscalistas, despachos de abogados y por su puesto a empresas, a ajustar sus ofertas y prácticas profesionales para adaptarlas a un área caracterizada por sus altos niveles de tecnicidad, transversalidad funcional (su cumplimiento generalmente implica la coordinación de distintas áreas de una empresa) y su transversalidad técnica puesto que además de los impactos en fiscalidad directa puede llegar a tener impactos en fiscalidad indirecta y a nivel internacional y local.
La gran manzana
AFP
Apple exige a candidatos de EE.UU. impuestos justos
Tal como divulgó El País de Madrid este mes (23/08/16), Apple, la mayor compañía en bolsa del planeta, advirtió a los candidatos que corren por la presidencia de los EE.UU. que no retornará los fondos acumulados que tiene en el exterior a ese país si no se establece un impuesto de sociedades “justo” para las multinacionales.
Debemos recordar que actualmente el impuesto a las rentas empresariales tiene una tasa de 35% y se ubica entre los más altos de los países desarrollados, lo que ha hecho que muchas multinacionales hayan decidido dejar estratégicamente las ganancias obtenidas en el exterior sin repatriar. Según la agencia Moody’s, el ejercicio pasado la cifra en el exterior ascendió a aproximadamente 1,68 billones de dólares. Apple, en particular, ha dejado en el exterior 220.000 millones de dólares.
Frente a este escenario y reclamo por parte de las multinacionales, los candidatos republicanos han mostrado dos enfoques muy distintos: Donald Trump, sin dejar de acusar fiel a su ampuloso estilo a las grandes empresas de artimañas, ha propuesto reducir la tasa de impuestos empresariales al 15%, como fórmula de estímulo a la repatriación de rentas. Mientras tanto, Hillary Clinton, a quien el propio CEO de Apple ha apoyado explícitamente, organizando cenas de recaudación para su campaña, mantiene un discurso alineado con las invectivas de la OCDE y su proyecto BEPS, por el que se busca excluir los intersticios legales que las multinacionales aprovechan para reducir su carga fiscal.
En Europa, por otro lado, la Comisión de la Unión Europea está investigando a Apple y otras multinacionales de origen estadounidense por las ventajas de acuerdos y rulings con países como Irlanda.
La zanahoria y el palo
JUAN MABROMATA / AFP
El gobierno argentino impulsa el acogimiento al blanqueo
Tal como informamos en nuestro último número, el Parlamento argentino aprobó finalmente el pasado mes de julio la ley de blanqueo de capitales propuesta por el Gobierno de Mauricio Macri.
El proyecto de amnistía ya era importante al aprobarse, como medio para favorecer el pago de deudas con pensionistas y el aumento de sus pensiones, pero se ha hecho aún más importante en la medida que el Gobierno de Macri sufrió este mes de agosto un revés importante con el fallo de la Corte Suprema a propósito de las tarifas de gas residenciales, y que la economía argentina está tardando más de lo pensado en dar señales de recuperación.
Por esto mismo, como informó la prensa argentina, el gobierno ha lanzado en agosto un operativo de inducción para sumar adhesión al blanqueo. Una de las medidas ha sido la de buscar y detectar inconsistencias en los datos de muchos contribuyentes que operaron el año pasado con dólar futuro. Ahora, además de procesar más datos de cerca de 13.000 contribuyentes, está analizando posibles inconsistencias con 2.200 propiedades a nombre de argentinos en el exterior.
Así lo informaron en conferencia de prensa el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, junto al jefe de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Alberto Abad, expresando que ya se ha disparado la “cuenta regresiva” para el sinceramiento.
Según publica La Nación (09/08/16), “el jefe de la AFIP sostuvo que ya detectaron a 2431 sujetos que durante 2015 realizaron operaciones por el equivalente a $ 1900 millones con contratos de dólar futuro”, además de que “hay en curso “2200 pedidos para acceder a los datos de propietarios de inmuebles en Chile, Uruguay, Brasil y Estados Unidos y revisan información sobre otras 13.000 personas con cuentas en Países Bajos, Canadá y Bélgica.”
El Gobierno de Macri confía en obtener adhesiones al blanqueo que representen USD 20.000 millones, lo que conllevaría una potente recaudación fiscal y una dinamización acentuada de la todavía fría economía argentina.