NUEVA LEY, MÁS PODERES
La Comisión de Hacienda vota hoy proyecto que perfora secreto bancario.
Estamos viviendo un nuevo paradigma, una forma diferente de ver el mundo con el surgimiento de la moral tributaria”, resumió el abogado Leonardo Costa, profesor de Fiscalidad Internacional de la Universidad Católica, en referencia al proceso global de adopción de normas que apuntan a combatir la evasión y elusión fiscal.
Al exponer en las “Jornadas Académicas 2016: Ética, transparencia y corrupción” —evento organizado por la Dirección General de Impositiva (DGI) y la Universidad Católica— sobre el proyecto de ley de transparencia fiscal que impulsa el gobierno y otras normas que ha sumado Uruguay en este sentido, Costa utilizó un afiche con una frase en inglés “No way out” (nadie está a salvo o nada es seguro) para ironizar sobre el nuevo esquema mundial. “Nada es seguro… excepto la muerte y los impuestos”, afirmó.
Precisamente hoy la Comisión de Hacienda de Diputados votará el proyecto de ley que aplica una nueva flexibilización sobre el secreto bancario —”un golpe mortal” en palabras del presidente del Banco Central (BCU), Mario Bergara—, que obliga a identificar a los beneficiarios finales de sociedades uruguayas y aumenta los impuestos a las sociedades en paraísos fiscales.
Tras varias sesiones donde los legisladores recibieron a expertos de la academia y autoridades de gobierno, la bancada del Frente Amplio presentó un proyecto alternativo que recoge principalmente cambios recomendados por el Ministerio de Economía y el BCU. Ese texto amplia los datos que deberán remitir las instituciones financieras (bancos, fideicomisos, fondos de inversión, entre otros) anualmente a la DGI sobre las cuentas bancarias de residentes y no residentes.
Inicialmente el artículo 1° establecía el reporte únicamente de saldos y rentas, pero la nueva redacción indica que desde 2017 deberán informar “el saldo o valor de la cuenta al cierre del año civil así como su promedio mensual durante el referido año o, en el caso de cancelación de la cuenta, la cancelación de la misma”.
Con los datos recibidos acerca de los no residentes, Uruguay iniciará en septiembre de 2018 el intercambio automático de información tributaria con al menos 86 países extranjeros, que ya adhirieron a la iniciativa de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). La información de los residentes será utilizada por la DGI para controles impositivos. Por la inclusión en el reporte de información financiera de los uruguayos con cuentas bancarias y otros aspectos del proyecto, Costa afirmó días atrás que “los cambios del Parlamento al secreto bancario no son exigencias de la OCDE sino de la recaudación”.
A su vez, en el evento planteó que sería más receptivo para los ciudadanos si estas normas se adoptaran desde un discurso orientado en la competencia —combatir a quienes no pagan impuestos y tienen menos costos que sus pares— en vez de enfocarse en la ética tributaria.
Votación.
Según pudo saber El País, la votación en general del proyecto será acompañada aparte del oficialismo por el Partido Independiente y algunos legisladores del Partido Nacional, que definirá hoy su posición. A priori, Alianza Nacional apoyará el texto en general y el sector Todos lo rechazará.
El diputado Jorge Gandini (Alianza Nacional) dijo que el voto en general “es una señal a favor de la transparencia, aunque muchos artículos los votaremos en contra”. Detalló que avalará “aquellos que están en consonancia” con compromisos asumidos con la OCDE y los vinculados “a la regulación tributaria de sociedades en paraísos fiscales”, pero no apoyará “las extensiones que se hacen a los residentes nacionales” porque la DGI ya puede acceder a esos datos mediante una presentación ante la Justicia.
Desde Todos, Gustavo Penadés explicó que rechaza el texto porque el gobierno “usa los compromisos con la OCDE para darle mayores poderes a la DGI, que para nosotros son inconstitucionales”. Agregó que “la lucha contra la opacidad (impositiva) la compartimos, estamos en contra de los caminos que se utilizan porque el objetivo final es recaudar más”.
El legislador del Partido Independiente, Iván Posada manifestó que “tenemos una postura favorable” respecto al proyecto aunque establecerán “algunas salvedades” en el articulado, en especial en el capitulo 2 referido a la identificación de sociedades —apoyan la eliminación de las acciones al portador.
En tanto, el Partido Colorado rechazará los tres capítulos iniciales del proyecto y únicamente apoyará el último, que fija normas referidas a precios de transferencias (para evitar que compañías vinculadas manipulen los valores de intercambio para disminuir sus aportes impositivos).
El diputado colorado Conrado Rodríguez, dijo a El País que “el proyecto va más allá de los estándares e indicaciones de la OCDE” y cuestionó que se le brinden “superfacultades a la DGI sin una contrapartida de derechos a favor de los contribuyentes”.
En las Jornadas Académicas, Costa advirtió acerca del capítulo que castiga con mayores impuestos el uso de sociedades radicadas en jurisdicciones de baja o nula tributación (paraísos fiscales).
Dijo que Uruguay cuenta con instrumentos de baja tributación y señaló: “Ojo con pasarnos de rosca en el discurso (sobre la transparencia fiscal)”.
UN ADITIVO QUE CAUSÓ POLÉMICA
El Frente Amplio presentó ayer un aditivo al artículo 17 vinculado al secreto profesional que provocó críticas de la oposición, y finalmente se acordó no considerarlo. “El único secreto profesional oponible a la Administración Tributaria será el referido a las comunicaciones entre el abogado y su cliente en el marco de la defensa”, decía la nueva redacción. Este artículo ya había generado polémica por la redacción inicial del gobierno, que fue cuestionada por el Colegio de Abogados al entender que atacaba su secreto profesional y los obligaba a brindar datos de sus clientes al fisco. Esto se solucionó limitando el levantamiento del secreto ante la DGI solo para las entidades financieras y las atribuciones consagradas en la norma, que será el texto definitivo a votar hoy.