Hay consenso político para aprobar un proyecto de ley que incorpora disposiciones que buscan promover el emprendedurismo en Uruguay y la formación de nuevas empresas. Una novedad es la creación de un nuevo tipo de forma societaria —la sociedad por acciones simplificadas— que tiene el aval del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), aunque planteó poner límites de facturación para evitar que sea usada por empresas de gran porte.

“Es un mecanismo jurídico que puede colaborar, al dotar de mayor flexibilidad al arco normativo existente actualmente. Este tipo societario ha funcionado bastante bien en otros lugares del mundo”, dijo el subsecretario del MEF, Pablo Ferreri, al acudir el lunes a la Comisión de Innovación, Ciencia y Tecnología de Diputados.

Sin embargo, el jerarca propuso “limitaciones en dos aspectos” al proyecto. Por un lado establecer un tope anual de ingresos para las empresas que quieran adoptar la nueva forma societaria de 26,3 millones de Unidades Indexadas (UI) —unos $ 105 millones o US$ 3 millones—, que dejaría por fuera solo al 5% de las empresas uruguayas (porque facturan más del límite), apuntó Ferreri.

“Entendemos que los grandes emprendimientos deben mantener la estructura societaria de sociedad anónima, con otros controles y requisitos, no pudiéndose objetar que los costos vuelven incompatible la actividad. Creemos que este tipo de sociedad (simplificada) debe operar siempre y cuando tenga un tope de ingresos anuales”, explicó el jerarca del MEF.

Además, marcó como prioridad que se promueva el traspaso hacia sociedades simplificadas de “aquellos tipos de sociedades que sean de inferior rango o de menor complejidad”.

En ese sentido, anticipó que para las sociedades personales (como unipersonales o sociedades de responsabilidad limitada) se establecerá por un año la exoneración de impuestos “para que pueda hacerse esa migración y que no haya un costo tributario en el medio”.

El otro cambio presentado por el MEF en la Comisión es que a las sociedades por acciones simplificadas con ingresos mayores a 4 millones de UI —US$ 490.000— o activos superiores a 2,5 millones de UI —US$ 306.000— “se les puede someter a algún control adicional” en materia de normas de lavado de activos.

“Realizar estos cambios no quita potencia al instrumento”, resaltó Ferreri. La delegación del MEF se comprometió a enviar a la Comisión estos agregados al proyecto.

Las medidas para el sector emprendedor se vienen trabajando en el Parlamento hace meses y el texto acordado surgió de combinar distintas iniciativas presentadas por legisladores —una del frenteamplista Walter De León y otra del diputado blanco Rodrigo Goñi— y el sector privado —también presentó un proyecto Andrés Cerisola, presidente de Endeavor.

Durante la sesión, Goñi dijo que se trata de un tema “importante” y que deben darse “las condiciones” a los emprendedores para desarrollarse. En esa línea, comentó que quedó “sorprendido con la cantidad de emprendedores que por no tener facilidades inician sus actividades en Argentina, Chile y, en muchos casos en Colombia, por la ley de sociedades simplificadas y todo un clima de apoyo a los emprendimientos”.

Al acudir a la Comisión, el Ministerio de Turismo había pedido buscar una solución legal para microemprendimientos del interior del país que por su escala no logran al comienzo una rentabilidad como para realizar los aportes correspondientes (por ejemplo un guía turístico de una pequeña localidad), consignó El País.

Al respecto, Ferreri dijo que el MEF debe rechazar la iniciativa “porque pretende dar la facultad de generar un régimen especial, sin establecer cómo ni dónde ni para qué”. Pidió “trabajar más” el tema y “ver si es necesario generar algún tipo tributario adicional”, porque Uruguay ya “cuenta con un arco bastante amplio de posibilidades para tributar”.