El texto obliga a las instituciones financieras a informar anualmente a la DGI los saldos acreditados en las cuentas bancarias de residentes y no residentes
El Colegio de Abogados del Uruguay (CAU) expresó su “preocupación” por algunos aspectos del proyecto de ley que el gobierno envió al Parlamento y que obliga a las instituciones financieras a informar anualmente a la Dirección General Impositiva (DGI) los saldos acreditados en las cuentas bancarias de residentes y no residentes.
El CAU, en un comunicado emitido el miércoles de esta semana, advirtió que con la iniciativa “se acentúan las limitaciones al derecho fundamental a la privacidad ya establecidas por normas anteriores y se declaran inoponibles a la Dirección General Impositiva todas las disposiciones que consagran un deber de secreto, reserva o confidencialidad”.
En especial, los abogados cuestionan lo que prevé el artículo 17 del proyecto, que establece que las normas relativas al secreto profesional “o cualquier otra disposición que consagre el deber de secreto no será oponible” ante la DGI.
Para el CAU, es “injustificable” que se pretenda desconocer el secreto profesional de los abogados.