La Comisión Europea (CE) cree que Apple se ha beneficiado de ventajas fiscales ilegales en Irlanda y quiere que pague unos US$ 14.500 millones. En Dublín y San Francisco ya preparan los recursos.
El gobierno de Irlanda renuncia a US$ 14.500 millones de euros, una cifra con la que podría pagar las pensiones durante los próximos cuatro años. Sus autoridades anunciaron que recurrirán la decisión de la CE que obliga a reclamar a Apple el pago de US$ 14.500 millones en impuestos no abonados desde 1991.
¿Se han vuelto locos en Dublín? No necesariamente. El gobierno de centroderecha prefiere rechazar esta lluvia multimillonaria a empañar su imagen de país de acogida de las multinacionales tecnológicas.
El fabricante de los teléfonos iPhone y de los ordenadores Mac también recurrirá. Es la mayor batalla tributaria de la historia. Y con diferencia sobre la segunda.
Estos US$ 14.500 millones superan toda la ayuda de Estado ilegal que los 28 gobiernos de la Unión Europea han recuperado desde 1999, y multiplica por más de 14 veces la mayor cuantía que una sola empresa, la francesa EDF en este caso, se ha visto obligada a devolver por este concepto.
Fuera del campo de las ayudas de Estado, pero dentro del área de la política de supervisión de la Competencia, esta cifra empequeñece todo lo visto hasta ahora.
La mayor multa por cartel empresarial la ostenta el fabricante de automóviles alemán Daimler, con una sanción de 1.010 millones de euros por pactar precios y estrategias con sus competidores. Ni sumando todas las multas acumuladas a una sola empresa se alcanzan cifras similares. Microsoft, la empresa más sancionada por prácticas anticompetitivas por la UE, suma solo 2.200 millones de euros. Si hasta ahora estas cifras ya se consideraban mareantes e históricas, para el caso de Apple habrá que inventar otra palabra.
Por eso la compañía de San Francisco ha puesto el grito en el cielo de Bruselas. Desde su punto de vista, no hay caso. Tim Cook, su consejero delegado, tildó las acusaciones de la Comisión de “basura política total” en una entrevista con el diario Irish Independent.
En ella criticó al Ejecutivo comunitario por “sobrepasarse” en sus funciones “sin base legal ni factual”, para tratar de cobrar “retroactivamente” impuestos.
Apple sostiene que en 1991 y en 2007 firmó sendos acuerdos tributarios (tax rulings) con el gobierno en Dublín para clarificar la tributación de sus filiales irlandesas, que canalizan buena parte de las ventas de la compañía en Europa. Según su razonamiento, esos acuerdos son legales, se han respetado escrupulosamente y la compañía ha pagado todos los impuestos a los que estaba legalmente obligada. Gracias a ello, esgrime Cook, Apple ha creado 6.000 empleos en Irlanda y han aportado uno de cada 15 euros que el país recauda vía impuesto de sociedades.
En sus antípodas, Margrethe Vestager, la comisaria de Competencia de la UE, y su equipo sostienen que Apple aprovechó una ventaja concedida ilegalmente por Dublín para minimizar su factura fiscal en Europa, tanto en Irlanda, donde tiene su sede europea, como en el resto de países en los que vende sus productos.
Esto habría dejado en inferioridad de condiciones a sus competidores y por eso la ayuda recibida en forma de impuestos impagados debe ser devuelta.
El asunto llegará en los próximos meses al Tribunal de Justicia de la UE. La suerte la dirimirá una cuestión clave: que la Comisión Europea pueda demostrar que el gobierno de Irlanda no solamente ofreció una ventaja fiscal a Apple, sino que esta fue selectiva.
Traduciendo del argot: que esa prebenda no estuviese también disponible al resto de las empresas. (Expansión)